De manera inesperada, se ha emitido una orden de aprehensión contra Alejandro Irarragorri, y Santos Laguna ha respondido con firmeza. El presidente de Grupo Orlegi y propietario de los Guerreros y Atlas, ha sido declarado prófugo por una jueza federal tras no presentarse en una audiencia en Torreón, relacionada con un presunto caso de defraudación fiscal que supera los 17 millones de pesos.
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El trasfondo de un escándalo
De acuerdo con fuentes cercanas, el inconveniente surgió cuando Irarragorri compareció mediante videoconferencia, pero la jueza exigió su presencia física para el 24 de marzo. Así, Karla Cecilia Marín, del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, lo calificó de “evadido de la justicia”, ordenando su captura.
Sin embargo, los abogados de Irarragorri aseguran que la orden emitida carece de formalidades legales. Además, ya han presentado una demanda de amparo, lo que añade un toque dramático a esta situación digna de una novela policiaca.
Las entrañas del conflicto fiscal
El conflicto gira alrededor de la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente a salarios de jugadores y cuerpo técnico del Santos Laguna, un asunto que abarca el período de enero a julio de 2017.
Santos Laguna alza la voz
Como un gol en el último minuto, Santos Laguna ha respondido en redes sociales, manifestando su desacuerdo con esta medida legal.
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El comunicado oficial
- La justicia se fundamenta en el debido proceso y la presunción de inocencia.
- La presunta orden se habría dictado por la inasistencia de Irarragorri a una audiencia convocada por el juez Luis Alfredo Mendoza García, en relación con el caso del club.
- El 20 de marzo se celebró una audiencia virtual asistida en tiempo y forma. Sorprendentemente, el juez canceló y reprogramó sin respetar los plazos legales.
- Irarragorri no fue debidamente notificado, por lo que su ausencia no debería justificar medidas cautelares.
- El club defiende su actuación conforme a la ley y rechaza que una discrepancia fiscal se judicialice penalmente.
- Santos se compromete a defender sus derechos y rechaza cualquier presión disfrazada de acto judicial.
En este panorama de tensión, el balón sigue rodando, y el desenlace de este partido legal aún está por definirse.
